Normativa establece que organismos públicos y privados con cien o más trabajadores deberán contratar –al menos- un 1% de personas con discapacidad.
Hasta la tienda curicana Multihogar llegó la gobernadora Macarena Pons, junto al seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, y su par de Trabajo, Pilar Sazo, para dar a conocer la puesta en marcha de la nueva Ley de Inclusión Laboral.
Las autoridades fueron recibidas por el gerente de la empresa, Benjamín González, quien les presentó el caso de Héctor Riquelme, persona con discapacidad que trabaja desde hace cinco años en el área de despacho del local.
La Ley de Inclusión Laboral tiene por objetivo asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión, tanto en el ámbito público como privado a través de una reserva legal de empleo, que llega al 1% para las empresas con cien o más trabajadores. Además, elimina la discriminación salarial que existe respecto de los empleados con discapacidad mental, entre otras medidas.
“Es una ley maravillosa porque le da oportunidades a todos en igualdad de condiciones. Este es el primer paso e invitamos a todos los empresarios de la provincia a que nos abran su corazón. Como Gobernación estamos aplicando la norma, pese a que solo somos 23 profesionales, y la experiencia ha sido sumamente positiva”, señaló la gobernadora Pons.
Mientras que el seremi Prieto agregó que “felicitamos este tipo de iniciativas, ya que si bien esta ley está comenzando, ya lleva varios años empleando a personas en situación de discapacidad. Es un ejemplo a seguir para la provincia y la región, donde tenemos 520 empresas que deberán acogerse a esta normativa en el Maule”.
LA LEY
La Ley de Inclusión Laboral propone un 1% de cuota laboral para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civil y militar) y empresas que tengan cien o más trabajadores.
Además, consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad y deroga el artículo N° 16 de la Ley N° 18.600 que señala que “el contrato de trabajo que celebre una persona con discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso mínimo”.
La Dirección Nacional del Servicio Civil y Senadis serán los responsables de velar por su cumplimiento en el caso del sector público, y la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos en el caso de las empresas privadas.
Mientras que los Ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo evaluarán la ley cada cuatro años (tres en una primera instancia), teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión.
Cabe consignar que en el sector privado hay más de 7 mil 600 empresas que cumplen con el requisito de tener cien o más empleados, por lo que se podrían habilitar más de 25 mil cupos laborales para personas con discapacidad. En el caso del sector público, hay 158 instituciones que podrían habilitar 2 mil 500 puestos de empleo.
Tras el encuentro, Héctor Riquelme señaló que “en la tienda me han acogido súper bien y como soy, sin discriminación ni rechazo. Estoy agradecido y hago un llamado al resto a que le den la oportunidad a las personas en situación de discapacidad, que no le cierren las puertas”.